- La auge de la economía colaborativa y la proliferación descontrolada de esta nueva modalidad de alojamiento podría poner en riesgo el modelo de turismo sostenible que hay en Madrid
- El sector pide una respuesta coordinada entre el Gobierno central, autonómico y local y elevar la normativa actual a rango de ley para reducir la posibilidad de su impugnación por vía administrativa y judicial
Madrid, 1 de diciembre de 2017.- El presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Gabriel García, ha atribuido el crecimiento descontrolado de las viviendas de alquiler de uso turístico (VUT) a la falta de previsión y de planificación por parte del Gobierno regional y local, durante su intervención en la mesa redonda ‘Gentrification: local VS travelers’ junto con el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas, y el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, en el evento de innovación hotelera ‘Guest Summit’.
Para el representante de los hoteleros madrileños, la mal llamada ‘economía colaborativa’ y la ausencia de un marco regulatorio sobre las VUT podrían poner en riesgo el modelo de turismo sostenible que defiende el sector en pos de mejorar la imagen del destino y de garantizar la convivencia ‘pacífica’ entre ciudadanos y visitantes.
Además de provocar la expulsión de los residentes en aquellos barrios donde hay una mayor concentración de VUT por la inseguridad que generan y por el incremento del precio de los alquileres, esta ‘masificación turística’ también está teniendo un impacto directo sobre el comercio de proximidad, ya que muchos propietarios están cerrando sus negocios tras la pérdida de su ‘clientela tradicional’.
“En menos de un año hemos pasado de 10.000 a 20.000 apartamentos turísticos en la región y de éstos sólo 4.000 están registrados en la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. Por este motivo, desde la AEHM pedimos a las administraciones la puesta en marcha, con carácter urgente, de una normativa eficaz que regule su actividad”. Asimismo, García ha recalcado que “también es preciso exigir a las plataformas digitales que las viviendas que publiquen en sus portales sean legales y estén registradas para que cumplan con unas normas proporcionales, al igual que lo hace la industria hotelera”.
Respecto al papel de las administraciones, el presidente de la AEHM ha reclamado soluciones eficaces y la contribución del sector en el procedimiento de modificación del decreto 79/2017 de la Comunidad de Madrid, aunque para ello “hay que conocerlo y, hasta la fecha, sólo hemos tenido acceso a la Memoria del proyecto de modificación”.
En este sentido, Gabriel García ha remarcado que es imprescindible tender a una regulación más ambiciosa que consistiría en elevar la normativa a rango de ley con el fin de establecer una regulación más sólida y estable y “restringir, en buena medida, la posibilidad de su impugnación por vía administrativa y judicial”.
Dentro de esta ley, el representante de los hoteleros madrileños ha insistido en la importancia de definir un régimen de infracciones y sanciones, así como de reforzar los servicios de inspección para lograr un control eficaz. Además, desde la AEHM solicitan a las administraciones que la cesión de uso no se conceda por habitaciones, sino a la totalidad del inmueble al tratarse de una cuestión de garantizar unos límites a la actividad y garantizar los derechos de los consumidores.
Para finalizar su intervención, Gabriel García ha dado a conocer otra de las propuestas de la Asociación basada en la creación de un sistema compartido de información, mediante el cual las viviendas que se inscriban oficialmente en el Registro Turístico de la Comunidad de Madrid puedan “ser comunicadas inmediatamente a las administraciones municipales y así asegurar el cumplimiento de la normativa local”.
Respecto a los límites temporales para el ejercicio de esta actividad, el presidente de la AEHM ha indicado que “aunque es cierto que el requisito que exigía la contratación de estos alojamientos por tiempo inferior a cinco días fue anulado por los tribunales de justicia, no obstante, debe advertirse que la nulidad se decretaba como consecuencia exclusiva de la falta de justificación de la racionalidad y proporcionalidad de la medida”.
