Madrid, 3 de septiembre de 2025
La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) expresa su firme respaldo a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) en su exigencia al Ministerio del Interior para que elabore de forma urgente una orden ministerial que clarifique y ajuste a derecho el contenido del Real Decreto 933/2021, que puso en marcha el nuevo registro de viajeros, o en su defecto, proceda a su derogación.
Desde AEHM compartimos la profunda preocupación del sector ante una normativa que, lejos de aportar seguridad jurídica, ha generado confusión operativa, sobrecostes administrativos y un clima de incertidumbre entre los alojamientos turísticos, turoperadores y agencias de viajes. La obligación de recopilar y transmitir hasta 31 datos de los viajeros sin una definición clara de los procedimientos ni de los límites legales, vulnera principios fundamentales de privacidad y proporcionalidad, tal como han señalado asociaciones europeas como HOTREC, ECTAA, EFCO y RuralTour ante la Comisión Europea.
La propia Comisión ha confirmado que cualquier recolección de datos debe cumplir con la Directiva (UE) 2016/680 y ha instado a España a definir con precisión el alcance de las obligaciones para alojamientos, plataformas online y empresas de rent-a-car. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha incumplido reiteradamente sus compromisos de elaborar dicha orden ministerial, primero antes de la entrada en vigor del decreto en noviembre de 2024, y posteriormente en enero de 2025.
Desde AEHM consideramos que esta situación pone en riesgo la competitividad de España como destino turístico al introducir barreras que desincentivan la llegada de visitantes nacionales e internacionales. En un entorno global altamente competitivo resulta imprescindible garantizar una experiencia turística segura, respetuosa y sencilla, que no comprometa la privacidad ni la operatividad de los establecimientos.
Por todo ello, AEHM se une al llamamiento de CEHAT para que el Ministerio del Interior retome el diálogo con el sector, escuche a los representantes europeos y trabaje en una normativa proporcionada, clara y ajustada a derecho que permita cumplir los objetivos de seguridad sin perjudicar al turismo, la principal industria del país, responsable de más del 13% del PIB español.
